México lanza innovadora estrategia digital para combatir la burocracia y la corrupción en trámites gubernamentales

Digitalizar el 80% de los trámites y disminuir los tiempos de espera en un 50% son los objetivos de una propuesta legislativa presentada por Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a combatir la corrupción gubernamental en México y a agilizar los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. “Al suprimir los trámites burocráticos, se erradica la corrupción”, afirmó la presidenta, quien anunció que el proyecto de reforma constitucional será enviado este jueves al Congreso.

José Antonio Peña Merino, titular de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que hay más de 7.000 trámites en el catálogo del Gobierno federal y las autoridades locales y estatales. “En México, una persona en promedio durante su vida realiza 486 trámites”, comentó. El funcionario reconoció que la iniciativa requiere de un esfuerzo de coordinación con las representaciones locales para eliminar las trabas a la ciudadanía, al asegurar que cada Estado tiene de media más de 500 procedimientos. Merino agregó que el 85% de los trámites que realizan las personas son de índole local. Al requerir cambios en dos artículos de la Constitución, la iniciativa deberá ser avalada por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados y senadores. Morena, el partido gobernante, y sus aliados tienen a priori los votos necesarios para su aprobación.

Los trámites digitalizados más vistos en la página del Gobierno mexicano son la consulta e impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), la expedición en línea de copias certificadas del acta de nacimiento, la revisión del recibo de luz y procedimientos relacionados con la cédula profesional y la renovación del pasaporte. La ley nacional de simplificación y digitalización busca ampliar el catálogo de servicios ofrecidos, homologar los requisitos y los tiempos de espera, facilitar los procesos a la ciudadanía y las empresas, y cumplir con las buenas prácticas regulatorias establecidas en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como eliminar los “espacios de discrecionalidad” y “arbitrariedad”.